El 20 de mayo de 1990 los indígenas inician una marcha hacia Quito en protesta por la negativa del gobierno a su demanda de tierras. Una vez en la capital, ocho días Después de iniciada la marcha, 200 indígenas toman la iglesia de Santo Domingo, donde se encierran y mantienen durante tres días una huelga de hambre.

Al grito quichua de hatari (levántate, en castellano), más de 100.000 indígenas de la Sierra y la Amazonía llenaron las carreteras del Ecuador y tomaron las plazas de las poblaciones que atravesaban en su camino a Quito. Tal número fue capaz de neutralizar la fuerza pública y adueñarse por días de las haciendas, en acto simbólico. Otra vez un ruido de los Andes desperezaba a los burócratas políticos y a muchos magistrados de la judicatura. Tras de sí arrastraron todo un séquito de periodistas pisando el polvo de los caminos.

Esta acción, que, en honor a la verdad, fue un auténtico levantamiento indígena, había sido resuelta en la Quinta Asamblea Nacional Indígena celebrada en abril de ese año. Desde los tiempos del presidente García Moreno (1871) y del guaminga Fernando Daquilema no se había dado una insurgencia indígena de tal magnitud; ésta ha sido mucho más numerosa y aquella (ésta no) fue mucho más cruel y cruenta. Pero tanto una como otra no pueden considerarse como hechos aislados que únicamente conciernan a los campesinos indígenas; aquella tuvo su origen en la cobranza de impuestos y la de ahora es suscitada por la vieja aspiración que los aborígenes mantienen sobre el solar de su raza. Pero si bien la cuestión de la tierra es fundamental, el levantamiento de 1990 está inscrito en una situación de malestar general que abarca a todo el país, a toda la clase social no adinerada. En los diez años anteriores a 1990 la política del Ecuador pasa de manos de los militares a un presidente constitucional, Jaime Roldós, que emprende la reforma agraria y la consolidación del sistema democrático; pero su corta vida acortó también las esperanzas que muchos depositaron en él; las rentas del petróleo no han conseguido un nivel económico y social tan optimista como se pensó a finales de los setenta; la inflación comienza su escalada moderna y evidencia un status económico bastante mediocre: no es buena la salud financiera de la sociedad ecuatoriana. El gobierno de Febres Cordero no progresa en la igualdad social que intentaba el de Jaime Roldós; el socialdemócrata de Rodrigo Borja, que le sucede, termina desilusionando a los más necesitados; la riqueza del país se estanca mientras crece la de los grandes especuladores: La mitad de las tierras cultivadas sigue en manos de propietarios que no representan más del 2% de la población, cuando el 50% de ésta trabaja y vive de la agricultura. El empleo insuficiente alcanza a la tercera parte de los ecuatorianos. Mientras la mitad de los titulados en medicina está en el paro laboral, el presupuesto nacional para la salud pública sufre un descenso muy considerable. El crecimiento del Producto Interior Bruto se acerca a cero en 1990, mientras el negocio de la banca aumentó en un 100% en esos diez años. La emigración del campo a la ciudad se hace masiva, desordenada y abocada a la miseria urbana; el 60% de las viviendas urbanas no poseen agua potable. Quienes más sufren este deterioro general son los campesinos indígenas que, además, viven excluidos de la discusión política y no ven otra forma de integrarse social y políticamente sino es a través de su propia eliminación, auto inmolación de su orgullo como persona, su cultura y sus costumbres.

Eufemísticamente al indígena se le llama campesino, porque los cuatro millones y medio de su población coincide con una cantidad igual o muy parecida del censo agrícola total. Por ser campesino, esa población tiene una sola diferencia respecto a la población urbana; un distinto nivel de vida, con una ocupación distinta y con un aspecto campestre –que siendo campo de la ruda sierra andina, por muy suave que sea su clima, siempre dará un campesino rudo, agreste, montaraz–; pero siendo además indígena, indio, su diferencia es más compleja, es étnica, cultural, ancestral, moral, ideológica. Para muchos ecuatorianos fue éste el primer momento de entender que los campesinos eran, además, indígenas. La ley del censo ecuatoriano del año 1962 había eliminado el apartado correspondiente a la raza de cada ciudadano. Una medida, ésta, tendente a igualar a todas las razas ante la ley; pero fue una medida aislada, sin corresponderse con una política general de igualdad, de esfuerzo para que esa igualdad caminara hacia su realidad; por eso tal medida no hizo sino ignorar, en cierto modo, la desigualdad, obviarla. Cuando los campesinos se ponen en marcha y pasan ante las haciendas y los pueblos, no dejan duda de que son campesinos indios.

Para el 4 de junio la convocatoria de movilización ha cundido en todo el Ecuador y alrededor de 1.000.000 de indígenas consiguen la casi total paralización del país. Se le avisa al gobierno que puede haber una insurrección general si no se atienden las reivindicaciones. Agentes de seguridad son apresados por indígenas. El 6 de junio muere por herida de bala un indio en Chimborazo, Oswaldo Cuvi Inga, de 23 años de edad, padre de dos Niños.

En la primera ronda de culpas que los políticos reparten le toca en primer lugar a la iglesia católica de Riobamba. No es algo que surge de nuevas. En Riobamba, el obispo monseñor Proaño fue el apóstol de los indígenas y ya fue en su tiempo atacado y perseguido por ello. Ahora el obispo Víctor Corral sale al encuentro de tales acusaciones, diciendo que la iglesia no incita a los indígenas a la subversión: “sólo les hemos ayudado a ver que tienen dignidad y valores humanos”. En otro tiempo se buscó al cura para que hiciera de mediador en conflictos entre mestizo hacendero e indígena campesino; ahora se busca al cura para exculpar al administrador político. Las autoridades exhiben documentos de apoyo a los indígenas por parte de organizaciones católicas españolas, alemanas y francesas como muestra de su implicación en la revuelta. En Chimborazo, muchos indígenas que han ingresado en la iglesia cristiana evangélica también se unieron a la movilización.

Los dirigentes indígenas piden diálogo directo con la presidencia de la república, pero las respuestas se van descolgando a la baja hasta dejarlas en boca del director general del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, quien recibe escrito de reivindicaciones entregado por la comisión de indígenas. La respuesta vino de otro lado y por otro cauce; el presidente Rodrigo Borja les contestó con un discurso televisado, hecho que molestó más a los indígenas. Organizaciones de agricultores no indígenas admiten que existen substanciales coincidencias entre los planteamientos de los indios y los ellos piden al gobierno para sacar adelante la agricultura ecuatoriana. Al momento del encierro de los dirigentes en la iglesia de santo Domingo, algunos partidos políticos toman postura oficialmente a su lado. No solamente por las repercusiones del alzamiento, que temen, sino también por sus causas, parte de la población mestiza comienza a darse cuenta que se trata de un problema de todos los ecuatorianos y no exclusivo de los campesinos ni “minoritario” de los indios. Pero el alzamiento sigue y cunden las repercusiones en el exterior. Llegan apoyos y muestras de solidaridad que, sin ser demasiado numerosas, se hacen ostensibles. A primeros de julio, se acusa a las organizaciones indígenas de estar financiadas “por el comunismo internacional”, según un informe (militar, por supuesto), y propiciar la infiltración de éste en el Ecuador.

Hay quienes declaran haber visto entre los manifestantes al cura Manuel Pérez, líder del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional; otros “ven a agitadores españoles o cubanos”, que vienen a sopesar la capacidad de acción que tienen los indígenas. Pero no todo el Ejército piensa tan temerariamente; por un lado, el movimiento no fue precisamente de violencia y la represión de las Fuerzas Armadas tampoco. Lo más destacable es que mientras unos jefes solicitan al presidente de la República que archive, sin más, el proyecto de las nacionalidades indígenas, otros demuestran estar sensibilizados ante lo que los indios reclaman.

Pero ante el informe oficial del Ejército, que contiene la acusación de manipulación, conviene resaltar que si bien el movimiento indígena tiene algunos actos que lo asemejan a los movimientos obreros, como la formación de barricadas en las vías de comunicación, la concentración en poblaciones, proclamas de dirigentes en mítines y, sobre todo, la marcha hacia la capital, cosas que harían suponer la intervención de líderes experimentados en actividades sindicales obreras, sin embargo se observan características típicamente campesinas que hacen pensar que se trata de un movimiento autónomo, independiente y propio de quienes lo están manifestando. Una de ellas es que el ejercicio de la violencia directo, cuando la ejerce; es la réplica concreta del oprimido contra el opresor, del campesino indio, en este caso, contra su antiguo patrón mestizo; y, más aún, puede que no se trate de castigar sino de la devolución del mismo castigo recibido, como, por ejemplo el castigo de “el baño”; antaño los indios, acusados de desaseados por los hacendados, eran echados vestidos a las frías aguas de las lagunas serranas; era un “castigo” frecuente en el campo; y ahora son los indígenas levantados los que castigan de ese modo a los mestizos que apresan: los “bañan” en sus propias haciendas; a otros los azotan con ortigas o los obligan a desfilar juntamente con ellos y como ellos: descalzos. Otra connotación netamente campesina es buscar en la iglesia el primer refugio, como lo hizo siempre el indio –como lo hizo Fernando Daquilema, a quien sus connaturales proclamaron último rey de los chachas en el interior de una iglesia–. Una nota indigenista más es la presencia de activistas mujeres en la lucha; Manuela León es la “histórica”, en aquella insurgencia legendaria de Daquilema, pero no le faltan sucesoras de gran talla como Lorenza Avemaña, Dolores Cacuango, etc.

La dirección del movimiento la ostenta la cúpula de la CONAIE. La asociación con partidos políticos no le hubiera dado tanta fuerza y consistencia como le ha dado su independencia, su autonomía. De la CONAIE destaca ya alguien que es permanente portavoz, Luis Macas, llegado a ser el mayor líder del movimiento indígena actual. A la acusación que contra la CONAIE se hizo de ser manipulada desde algún poder ajeno a ella responde Macas abiertamente diciendo que los indígenas tienen suficiente madurez y capacidad como para organizarse por sí mismos; niega los fundamentos de subversión o extremismo para los indígenas y, a la vez, denuncia la persecución de que son objeto algunos de los dirigentes indios; la misma denuncia la repite María Andrade, también de la dirección de la CONAIE.

A mediados de agosto del 90, ante la interpretación particular que sobre las demandas indigenistas hacen algunos departamentos de la administración estatal, la CONAIE proclama públicamente que esta organización no pretende allanar la soberanía nacional. El alzamiento parece que se estaciona; hay entrevistas, diálogo, reuniones de la CONAIE y la Presidencia y a través de la prensa se divulgan las posiciones de una y otra parte, del gobierno y de la dirección del movimiento indígena. Ello permite hacer distinciones para ver con mayor claridad el estado de la cuestión.

Los indios de la sierra han visto reducido su predio particular a dimensiones que, si sigue subdividiéndose, llegarán poco metros más lejos que los límites de su tumba; este indio es propietario de sus cultivos y los va repartiendo en parcelas cada vez más pequeñas para cada generación; hay muchas comunidades en que los propietarios aborígenes poseen menos de dos mil metros cuadrados de tierra cultivable; a esto los ha conducido su trayectoria histórica de los últimos siglos. No así para los indios amazónicos, que siendo mucha menor población viven en un vastísimo territorio habitado por insectos, animales y plantas y algún que otro colono aislado. Pero no deben continuar las cosas hasta el extremo de ver un día a los indios de la Amazonía como los indios de la sierra, recluidos en una sola vivienda y un pequeño huerto en torno a ella. La CONAIE expone este contrasentido para explicar su pretensión de territorios para la propiedad comunal de los indígenas, para poseerlo el indio como antes lo poseía y como siempre ha querido poseerlo.

A primeros de septiembre interviene la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; como parte mediadora en el conflicto, primero, y en apoyo, incluso financiero, a la aspiración indígena a la posesión de las tierras, Después. La administración del estado rechaza la entrega de territorio al pueblo indígena para propiedad comunal; por principio legal, el único acceso a la propiedad de la tierra no será otro que comprándola.

A finales de 1990 la CONAIE rompe definitivamente con el gobierno, se excluye del censo nacional de población y vivienda, decide no acudir a votar en las elecciones del 92.

La Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos sí se somete al censo nacional.

Finalmente, la mayoría de los indígenas participaron en la elaboración del censo.

Desde las primeras entrevistas directas de Borja con la cúpula de CONAIE, también abundan las reuniones con el ministro de la Gobernación y con diversos departamentos ministeriales. Pero un avance sensible no se da, porque no surgen acuerdos, no hay medidas administrativas que salden algo efectivo a favor de los indígenas; sí cala el movimiento en la conciencia del gobierno pero éste no actúa. Falta un apoyo del poder legislativo para respaldar cualquier medida que el gobierno pueda imaginar, si es que la imagina. Se choca con la gran losa de la Constitución ecuatoriana que permanece inamovible y que no tiene cabida para innovaciones tan substanciales como pretenden los indígenas; éstas han llegado sin ser esperadas por los recalcitrantes criollos, que tantas veces reformaron la ley maestra a su medida; son sorprendentes para los mestizos que han continuado la tradición; la urgencia de reforma no tiene eco en el Congreso. Quizás la independencia tan radical de CONAIE respecto a el sistema de fuerzas políticas, organizado por partidos, si bien le dio vigor moral y efectividad en lo social, le restó efectividad en lo político. Solos doscientos indígenas tomaron la sala de sesiones del Congreso, no les costó demasiado; no sería una gran resistencia la que encontraron para que unos pocos lo consiguieran.

Cuando acaba el levantamiento indígena, con el final del año 1990, no se han materializado las aspiraciones que fueron su causa; pero moral, social y políticamente, el movimiento quedó fortalecido, la sociedad mestiza tomó conciencia de ello, el problema indígena pasó a ser un problema nacional y en el ámbito internacional se hizo sentir la preocupación por los indígenas. Quedaron además en el aire cuestiones que fueron formalmente planteadas, en defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas: Solucionar y legalizar la entrega de tierras a los aborígenes, tal como se ha venido exigiendo a la administración estatal.

Medidas legales que frenen el deterioro del medio ambiente en el que vive el indio.

Dotar a la CONAIE de financiación estatal.

Reformar el Artículo Primero de la Constitución del Ecuador, que lo declare como un estado plurinacional.

Regulación estatal de los productos básicos congelando los precios al consumo de aquellos que son de primera necesidad y garantizando precios mínimos a los agricultores.

Realización de obras de infraestructura básica en las comunidades indígenas.

Entrega a los indígenas del control de su patrimonio arqueológico.

Expulsión del Instituto Lingüístico de Verano.

Legalización y financiación por parte del Estado de la medicina indígena tradicional. Así mismo, la CONAIE exige al gobierno de la república que disuelva las instituciones creadas, paralelas a las de la CONAIE, que menoscaban la libertad de esta organización y su independencia política. En la historia de los gobiernos de toda Sudamérica quizás la temperancia sea una de las cualidades más escasas y más valiosas, la prudencia y la sabiduría que el presidente de turno ponga en escena para acallar la multitud de gritos que surgen cada dos por tres desde cualquier parte, desde todas las partes. A propósito un capítulo dedicado a las dictaduras y las democracias antecede a éste. Por ello, si bien no merece ninguna ovación el gobierno de Rodrigo Borja por la labor de arreglo que le diera a la cuestión indígena, sí que tendrá, aunque secretamente, una acción de gracias por no haber sucumbido a las insidias gran derechistas y gran patrioteras, a los clamores de quienes pedían mano dura y cañoneo para los indígenas levantados, porque traían en su muchedumbre la semilla de la desestabilización y el germen del peligroso marxismo internacional. Borja contestó discretamente a los indígenas por la televisión, pero a muchas demandas de la ultraderecha no las dio siquiera por oídas. Sencillamente, la presidencia de Rodrigo Borja, en cuanto al movimiento indígena, le dio al Ecuador la salud democrática para que comience a ser un gran país de la moderna América, donde la vida cobre certeza para todos y no solamente seguridad para algunos. Ecuador, con su mitad mestiza y mitad india, situado en el ombligo de la Sudamérica extensa, puede ser el embrión de la Sudamérica saludable.